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Revista Contable nº 66
Revista Contable nº 66
Unos Presupuestos Generales del Estado tardíos, condicionados y lastrados
Escribo este editorial sin que aún se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado para este año atragantados como están en las negociaciones. Son los segundos presupuestos que Mariano Rajoy presenta en minoría y los apoyos vienen precedidos de prerrogativas en el juego de la política. Muy pocas veces los partidos actúan con “sentido de Estado” para alcanzar la estabilidad deseada. Estos tardíos presupuestos nacen encabezados por el peso de tres grandes capítulos actualmente necesarios que suman más del 61% de lo presupuestado y que, inevitablemente, lastran las demás partidas presupuestarias.
Las pensiones se sitúan en primer lugar por volumen económico, pues su gasto asciende a 145.000 millones, el 3,7% más, y supone más del 40% de los presupuestos generales del Estado. Para sufragar el incremento introducido a última hora del gasto en pensiones, el Estado prestará 15.164 millones de euros a la Seguridad Social, este importe es un 49% más que en el 2017. Adicionalmente se volverá a tocar el fondo de reserva de la Seguridad Social sacando 3.826 millones para cumplir el compromiso adquirido y presupuestado.
El sistema de pensiones de la Seguridad Social se convirtió en deficitario a partir del descenso en las cotizaciones provocado por la crisis: en los últimos 10 años este déficit se ha ido incrementando considerablemente por los siguientes efectos a) Un envejecimiento de la población con el consiguiente aumento de pensionistas; b) El aumento de la esperanza de vida de los españoles; c) La jubilación de la generación del baby boom; d) Una baja tasa de natalidad; y e) La incorporación tardía al mercado de los jóvenes.
Este escenario actual permite prever que, en pocos años, los activos cotizantes no podrán financiar a los pasivos, un grave problema que se nos avecina y al que el Legislativo está buscando soluciones, ¿quizás a través de una financiación impositiva?
Las Transferencias a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, ocupan la segunda de las partidas presupuestarias.
La participación de las entidades locales en los tributos del Estado es un recurso financiero de origen constitucional (Art. 142 CE: Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas). De esta forma, con naturaleza de transferencia corriente de carácter incondicionado, tiene como finalidad contribuir, junto con la participación de dichas entidades en los tributos de las Comunidades Autónomas, a la consecución de su suficiencia financiera, dando así cobertura a las diferencias que puedan existir entre las necesidades de gasto de dichas entidades y los recursos que puedan obtener por sus propios medios
Por último, el pago de la deuda publica cierra esta terna, a pesar de que la deuda pública volverá a bajar en 2018 y lo hará hasta el 97% del PIB, desde el 98,3% del 2017, este comportamiento a la baja de los intereses está producido por la caída notable de los tipos de interés de las últimas emisiones, reduciendo consecuentemente el pago de intereses; aun así, estos siguen siendo muy elevados, concretamente en 2018 pagaremos 31.547 millones de euros según los Presupuestos Generales del Estado.
A pesar de todo, quizás estemos ante los únicos presupuestos posibles ante la situación actual del país, esperemos la deseada estabilidad que solo unos Presupuestos aprobados pueden lograr.
Juan Carlos Berrocal Rangel
Presidente de AECE
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